Los fiscales proponen reformas penales contra la violencia de género

Sin esperar a la desaparición del género femenino en la Argentina, al contrario de lo que veníamos sospechando ante tanta inercia de los gobiernos en sus tres niveles frente al tema, los procuradores (o sea, los fiscales) de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires consensuaron un documento que entregaron al ministro de Justicia de la Nación, Dr. Germán Garavano. En el mismo, exponen sus propuestas para superar lo que calificaron como una situación de “lentitud, imprecisión e insuficiencia” del derecho penal para responder a la violencia de género y a sus víctimas, “especialmente vulnerables”.

La propuesta, que fue elaborada en el marco de las «XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos», consiste en una serie de reformas que implican la creación de nuevos delitos (el acoso o stalking; el sexting o difusión de imágenes sexuales sin consentimiento; el maltrato reiterado;  y ciertas formas de violencia física y psicológica actualmente no tipificadas). También se busca legislar agravantes genéricas y cambios en el proceso judicial.

Aunque muy pertinente, la iniciativa tomará tiempo antes de ser eventualmente aplicada, porque impulsa modificaciones al Código Penal de la Nación, lo que requerirá de una ley especial del Congreso, que no sabemos cuánto tiempo pueda insumir: sin mayorías aseguradas de ningún sector en el Congreso, se requerirá de acuerdos políticos que no sabemos si reflejarán el robusto consenso social que empieza a existir respecto al repudio de esta clase de delitos.

En otro orden de cosas, no queremos dejar de destacar que esas mismas procuradurías autoras de la propuesta que comentamos, tienen en su poder la instrumentación por sí mismos de cambios concretos, que mejorarían significativamente la situación de las víctimas de los delitos de género.  Sin ir más lejos, deberían encarar de modo inmediato programas de sensibilización de los propios fiscales y sus funcionarios dependientes,  para acompañar mejor a las víctimas durante el trámite judicial y, por qué no, exigir al Poder Ejecutivo que haga lo propio con el personal de su órbita que, muchas veces, es el encargado de tomar las denuncias a las víctimas: el primer rostro humano con que ellas van a dar en el inicio de un derrotero procesal que, requiriendo ciertamente reformas sustanciales, todavía tiene mucho que mejorar en la aplicación de las normas que ya existen. La prueba de ello es que en la mayoría de los casos de feminicidio de los últimos años (cifra que está creciendo significativamente en los últimos tiempos) las victimas habían realizado la denuncia pertinente y en algunos casos, en reiteradas oportunidades, sin que se haya logrado que el sistema previniera los trágicos desenlaces.

Esta situación refuerza la idea de que aún antes de llegar al delito, el sistema  de prevención y auxilio inmediato a la víctima no esta instrumentado ni se comporta eficientemente. Y ese es un tema que no corresponde al Código Penal sino a la instrumentación de una serie de medidas para educar y trabajar para superar este gravísimo problema de violencia doméstica, familiar y de género que está afectando seriamente a nuestro país. Y esto corresponde a los tres poderes de la Nación, cada uno en su esfera específica de acción.

En resumen, coincidimos  en que el documento y las recomendaciones son válidas, valiosas y bien fundadas. Pero apenas cubren una parte del problema: es decir cuando éste ya se convirtió en un delito o sea cuando la prevención y la solución a tiempo una vez manifestados los primeros síntomas ha fallado o éstas simplemente,   no ha existido.

Demás está decir la importancia que tiene la escuela en el tratamiento de estos temas en la formación integral de sus alumnos. Son temas  de construcción de ciudadanía y de formación ética de los alumnos .

Por ello, es que volvemos con nuestra idea editorial: estos temas de la violencia en sus diferentes manifestaciones, de los cuales la de género es una  de ellas, deben ser tratados desde muchos aspectos simultáneamente y desde todos los ámbitos de gobierno (los tres poderes y los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal).

Apoyamos lo consensuado, pero hace falta aún mucho más: trabajar sobre las representaciones sobre la mujer que tienen naturalizados infinidad de funcionarios de todos los niveles que no visualizan este problema y que deben atender a las víctimas, en vez de volver a victimizarlas con su desprotección; educar a nuestros jóvenes en el respeto mutuo y  en la igualdad de oportunidades cualesquiera sea el género al que pertenezcan, reformar sí las leyes, pero primeramente, cambiar nuestros modos de pensar el tema y nuestras formas de actuar ante este flagelo. Y nuestros gobiernos, implementar acciones efectivas de protección a los ciudadanos , víctimas de estos delitos . Sólo así, la escuela podrá enseñar lo que es una sociedad justa.