Financiamiento Educativo: un compromiso de toda la sociedad para una educación de calidadFinalizado

La Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE), sancionada en diciembre de 2005, marcó un hito para la educación argentina. A partir de esta norma, el estado nacional y los estados provinciales se responsabilizaron a destinar una masa creciente de recursos, hasta lograr una inversión del 6% del PBI en Educación, Ciencia y Tecnología (uno de los niveles más altos de la región).

Debemos señalar que el objetivo de alcanzar un 6% del PBI como inversión educativa ya figuraba en la Ley de Educación Federal (Nº 24.195) sancionada en 1993. Sin embargo esta meta nunca se alcanzó, al no haber sido reglamentados los mecanismos para tal fin.  
Es por ello que la LFE representó un salto cualitativo: para lograr el mencionado aumento de la inversión estableció como garantía una asignación específica de recursos coparticipables.

Los resultados muestran que  los objetivos financieros de la LFE fueron alcanzados. Entre los años 2006 y el 2009 las metas de financiamiento educativo fueron sobre cumplidas, y en particular en el año 2007 se logró la máxima inversión educativa desde 1980.

La LFE establecía además de las metas financieras una serie de Metas Educativas, como universalizar  la sala de 5 años, expandir la jornada extendida, mejorar la conectividad de las escuelas, entre otros. Sin embargo, su cumplimiento ha sido desparejo. Una de las dificultades que encontramos en la ley sancionada en 2005 –y que en parte explica que no se hayan alcanzado todas las metas- es que no estableció cuáles eran los costos reales para cada uno de sus objetivos. Otro inconveniente es que las fórmulas de distribución de los recursos no lograron superar las claras desigualdades entre regiones.

A fines de este año, se debatirá en el Congreso sobre la continuidad de la norma o su reemplazo por una nueva. Más allá de las reformas que se plantean para mejorarla, desde el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo creemos indispensable que el país cuente con un marco legal que garantice un aumento progresivo de la inversión educativa y que explicite tanto el origen como el destino de los fondos. Todos los estudios con los que trabajamos sostienen que sólo una inversión sostenida en el tiempo produce mejoras significativas.  

En el año 2010 estamos nuevamente ante la oportunidad de generar un marco legal que pueda garantizar, al menos en lo referido al presupuesto, la educación que queremos para el futuro.

Desde el Grupo, se están realizando dos estudios que permitirá arrojar luz ante los nuevos desafíos. El primero de ellos es la construcción de un Índice de Financiamiento para la Equidad y la Calidad de la Educación Pública (IFECEP), que permite establecer un valor indicativo de cuánto debería invertirse anualmente para sostener una escuela que garantice una educación de calidad y equidad para los alumnos. El segundo estudio, se trata de un Proyecto de Costeo para la futura Ley de Financiamiento Educativo, identificando tanto las metas educativas que establezca la nueva de financiamiento, como la meta de financiamiento que eso implicaría.

Debemos instalar en la agenda pública una pregunta esencial: ¿cuál es el esfuerzo que como sociedad estamos dispuestos a hacer en pos de alcanzar una educación de calidad para todos los argentinos?